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Región de Atacama

Gobernadores demandan mayor autonomía tras primer encuentro nacional de regiones

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Tras la primera cumbre de los Gobiernos Regionales realizada en Concepción, que reunió a los Gobernadores y Gobernadoras de todo el país junto a parte de sus equipos técnicos, las nuevas autoridades electas firmaron una declaración pública donde reflejaron sus principales demandas.

El Gobernador de Atacama manifestó que “nos hemos puesto de acuerdo en una hoja de ruta muy clara que apunte a seguir fortaleciendo el proceso de descentralización y además hemos hecho planteamientos muy claros a los candidatos y candidata presidenciales también, quienes asumieron compromisos de cara a este proceso. Hemos tomado nota del interés, del planteamiento de algunos de eliminar la figura del Delegado Presidencial y transformarlo en un Secretario Regional Ministerial de Gobierno Interior. También se han comprometido algunos candidatos a traspasar algunos servicios clave para el desarrollo de la región, como del desarrollo social, de fomento productivo, que recogen también los planteamientos que hemos hecho desde los Gobiernos Regionales”.

“En el tema del presupuesto también hemos sido muy claros, necesitamos más recursos para las regiones, más autonomía financiera, porque es muy importante para que los Gobiernos Regionales puedan funcionar de buena manera y puedan dar cumplimiento a los programas comprometidos ante la comunidad. Creo que las regiones se han hecho escuchar y eso es lo importante porque vamos consolidando un proceso que apunta a garantizar más equidad territorial, y esa es la importancia de este primer encuentro de Gobiernos Regionales” agregó la primera autoridad de Atacama.

La “declaración de Concepción” contempla 10 ejes clave en los que se debe avanzar para que las regiones realmente puedan tener más autonomía e ir concretando el proceso de descentralización.

 

Declaración de Concepción

Los gobernadores y gobernadoras de las 16 Regiones del País nos hemos constituido en una nueva Asociación que busca recoger las banderas que por años la ciudadanía regional y sociedad civil organizada ha levantado en pos de un país más equitativo, sustentable, justo y descentralizado. Gracias a la lucha de miles de voluntades se consiguió la democratización de las regiones, con la elección de los gobernadores y gobernadoras. Hito esencial para el futuro desarrollo de nuestras regiones y por ende, de nuestro País. Hoy queremos reconocer ese trabajo y reafirmar nuestro compromiso con una nueva agenda de descentralización efectiva que vaya en directo beneficio de los habitantes de las regiones.

Es el gobernador o gobernadora regional la máxima autoridad al interior de cada región. Hoy se ha constituido un nuevo poder, regional, inclusivo, participativo, con territorios y comunidades fuertes, que ha de resguardar el desarrollo de la sociedad, los territorios rurales y urbanos en armonía con el medio ambiente, protegiendo los recursos naturales que permitan el futuro de nuestra gente. En este sentido, es imperioso el reemplazo del actual delegado presidencial regional por un secretario regional ministerial, que ejerza las funciones gobierno interior.

Es necesario, señalar que se han acabado los experimentos unilaterales de transferencia de competencias inconsultas a los gobiernos regionales. De ahora en adelante, éstas deben ser producto de un acuerdo en igualdad de condiciones entre las regiones y el nivel central. De igual manera, reclamamos el derecho a devolver al gobierno central, aquellas que hoy no son necesarias ni aplicables. Es imperativo, discutir un nuevo modelo de descentralización donde las competencias no solo sean generales a todos los gobiernos regionales, sino que también, consideren las particularidades de cada una de las regiones. La nueva institucionalidad debe contar con la capacidad de satisfacer las necesidades de los habitantes de las regiones y ello requerirá un modelo eficiente de servicios propiamente regionales que no dependan de imposiciones del nivel central.

Es necesario vencer el control y las limitaciones impuestas por el gobierno central para apoyar y satisfacer las necesidades de la población, de nuestras regiones, para disminuir la desigualdad social y territorial. Para ello, se debe, promover una mayor autonomía financiera y presupuestaria de los gobiernos regionales, a través de una ley de rentas regionales equitativas. Con urgencia se deben eliminar las restricciones impuestas en los últimos meses por el ministerio de hacienda. En ocasiones es entendible que no podamos ayudar a nuestra gente porque no hay recursos, pero es indecoroso que no los podamos ayudar, porque hacienda se demora 4 meses en autorizar un gasto o porque las decisiones se demoran dos o más años, cuando la inversión es sectorial. Requerimos nuevos instrumentos como los planes regionales sectoriales de inversión liderados por los gobiernos regionales, así como una nueva mirada en la evaluación de la inversión pública, que considere las particularidades de cada territorio.

Para nuevos desafíos se requieren nuevos instrumentos. Estos deben surgir de la construcción conjunta entre el nivel nacional y regional.

Asimismo, queremos participación ciudadana a través de consulta y plebiscitos regionales para así impulsar iniciativas de ley desde los territorios. Para ello necesitamos capacidades reglamentarias amplias en el gobierno regional, sin norma habilitante que restringa las iniciativas regionales.

Es necesario, eliminar las trabas normativas que permitan promover nuestra identidad, nuestra historia y el fortalecimiento de la región como una comunidad política, para implementar acciones de promoción de la colaboración y cooperación descentralizada entre nosotros, con nuestras regiones hermanas de los países vecinos, liderando los comités de integración, así como también, con otros gobiernos subnacionales que tengan los mismos problemas o apoyar la internacionalización de nuestros territorios. En este contexto, es necesario promover la participación real de los gobiernos regionales al interior de las universidades regionales y aquellas empresas estatales que tengan impacto o tengan asiento en la región.

En síntesis, para alcanzar el desarrollo regional sustentable que enfrente al cambio climático, y en virtud del principio democrático que establece al gobernador/a como máxima autoridad regional llamada a liderar la elaboración de políticas regionales y las instancias colectivas regionales, demandamos:

  1. Rentas regionales y coparticipación tributaria de las regiones.
  2. Mayor autonomía financiera y de gestión presupuestaria.
  3. Asumir el compromiso que la inversión de decisión regional llegue a lo menos a un 40% de la inversión nacional y su evaluación debe ser regional y pertinente con la realidad de cada territorio
  4. Programa de transferencia de competencias consensuado región-nación.
  5. Viabilizar la conducción regional de los servicios instalados en los territorios.
  6. Nueva estructura de competencias en el territorio para tener municipios fuertes y regiones fuertes, donde el actual delegado presidencial regional se transforme en un secretario regional ministerial.
  7. Liderar y priorizar desde los gobiernos regionales las inversiones sectoriales en el territorio. No más imposiciones unilaterales desde los ministerios. Las regiones definen su futuro.
  8. Coordinación de todos los servicios de fomento productivo e industria, los que deberán estar alineados a la política de fomento productivo de la región.
  9. Designación de un representante del Gobierno Regional en cada universidad o empresa estatal con asiento regional.
  10. Implementar un sistema regional de innovación descentralizado para un desarrollo económico, social y productivo sustentable.

 

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