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COVID-19 en América Latina: escándalos de corrupción no dan tregua

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Entre compras irregulares de vacunas, ventiladores sobrevalorados y hasta bolsas de cadáveres a más del 1.000% de su precio normal: América Latina no solo lucha contra la pandemia, sino también contra la corrupción.

Un año y medio después de la pandemia, no solo el SARS-CoV-2 ha encontrado en América Latina el lugar más vulnerable del planeta, sino también la corrupción. La región empezó el 2021 con los “vacunagate”, que sacudieron a Argentina, Chile y Perú. Ahora, surgen escándalos de corrupción en torno a las vacunas, por ejemplo, en Brasil. Ante este panorama, DW hace un recuento de los recientes escándalos de presunta corrupción más sonados en algunos países de la región:

Brasil

El primer fin de semana de julio, miles de brasileños salieron nuevamente a las calles del país para protestar contra el presidente, Jair Bolsonaro, quién será investigado por la Fiscalía porque se presume que no denunció una tentativa de corrupción en la compra de la vacuna contra el COVID-19, Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech.

Las sospechas giran en torno a un contrato de intención de compra negociado con un intermediario local que trató de vender al Gobierno de Bolsonaro un lote de 20 millones de Covaxin, que jamás entregó. Además, se descubrió un acuerdo paralelo, en el que parte de los 320 millones de dólares que Brasil pagaría por esas vacunas sería entregado a una empresa con sede en Singapur que no figuraba en el contrato. Las crecientes sospechas de corrupción en la compra del inmunizante y el negacionismo de Bolsonaro han llevado a la oposición a oficializar un pedido de destitución del presidente.

México

Según una investigación de comienzos de junio de la organización Mexicanos contra la Corrupción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concedió un contrato de más de 19 millones de pesos (casi 950 mil dólares), para la compra de ventiladores respiratorios  a una empresa cuyo rubro es la construcción, la jardinería y la obra hidráulica. Pocas semanas antes, León Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue denunciado por la organización mexicanana de vender respiradores caros al Gobierno federal.

A finales de ese mes, Mexicanos contra la Corrupción denunció también que la Secretaría de la Función Pública, es decir, el Ministerio anticorrupción mexicano, compró pruebas de COVID-19 tres veces más caras a una empresa sin empleados y sin experiencia.

Según la investigación de la organización, la dependencia pagó 11.625 pesos mexicanos (unos 571 dólares) por un kit que contenía 25 pruebas de antígeno para detectar el SARS-CoV-2. Mientras que, de acuerdo con cifras del IMSS, un kit con las mismas características podía adquirirse en el mercado a solo 3.100 pesos mexicanos (unos 152 dólares). En su informe, la ONG detalló, a través de un contrato firmado el 24 de diciembre de 2020, que el ente habría adquirido 90 de estos kits, por los cuales pagó poco más de un millón de pesos mexicanos (más de 49.000 dólares).

Perú

La Contraloría General de Perú llegó a la conclusión que desde que empezó la pandemia, en marzo de 2020, 18 funcionarios de la Policía Nacional y del Ejército cometieron presuntas irregularidades al comprar equipos de protección y de limpieza necesarios en lucha contra la pandemia, valroados en 8 millones de soles (unos 2,2 millones de dólares).

El organismo encontró también que los policías y militares intentaron beneficiar a empresas que habían incumplido con los contratos. Por ejemplo, el personal administrativo policial elaboró un informe que indicaba que el total de los bienes comprados a las compañías llegaron al almacén el 16 de marzo de 2020, siendo que los materiales se terminaron de entregar el 11 de abril. Por esa razón, los productos de aseo y bioseguridad demoraron en ser entregados al personal policial. Las presuntas irregularidades están siendo investigadas por las Fiscalías Anticorrupción.

Ecuador

Un empresario ecuatoriano, que había sido detenido hace un año en Perú, fue condenado el martes 6 de junio por la Justicia ecuatoriana a 13 años de cárcel por vender bolsas para cadáveres con sobreprecios de 1.300% durante la pandemia.

Mediante un comunicado, la Fiscalía precisó que fueron condenados en primera instancia el empresario Daniel Salcedo, una exgerente y dos ex altos cargos del hospital de Guayaquil, ciudad que, el año pasado, en el peor momento de la primera ola, sufrió el colapso de los servicios hospitalarios y funerarios. La Fiscalía indicó que los exfuncionarios del hospital “dispusieron arbitrariamente de fondos públicos para la adjudicación de un contrato para el que se asignó una partida presupuestaria de 872.000 dólares”.

Guatemala

La Fiscalía contra la Corrupción de Guatemala está investigando las irregularidades en tres casos derivados de la pandemia: la compra de la vacuna rusa Sputnik V, la adquisición de pruebas falsas de COVID-19 y la compra de batas para atender la emergencia. En el caso de las vacunas Sputnik V, los fiscales han señalado que cuentan con documentación, informes de la negociación con Rusia y responsables de realizar el acuerdo.

En relación a las pruebas falsas, ya se han realizado allanamientos en los locales del proveedor Kron Científica Industrial, en los que se ha confiscado documentación importante. Además, se tienen pruebas de tres hospitales. Después de realizar diversos análisis, la Fiscalía ha solicitado auditorías. Respecto a la adquisición de 20 mil batas de polipropileno, que el Ministerio de Salud compró, no cumplían con la condición de esterilidad, de conformidad con lo establecido por el Laboratorio Nacional de Salud. El monto de la compra fue un millón 300 mil quetzales guatemaltecos (unos 168 mil dólares).

Honduras

En Honduras, la Fiscalía acusó el 18 de junio a dos exfuncionarios implicados en la compra irregular de siete hospitales móviles a Turquía. Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) son investigados por los delitos de fraude y de violación de los deberes de los funcionarios.

El costo de las unidades móviles y sus plantas de tratamiento habrían sido sobreestimados a 47,5 millones de dólares, y la compra se habría realizado fuera de lo estipulado por ley. Además, según los expertos en salud del país, los equipos no cumplen con la función para entender pacientes de COVID-19 debido a que tienen problemas de diseño y equipamiento. El Ministerio Público de Honduras ha señalado que el proveedor de los hospitales “no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales”.

Argentina

En Argentina, causó indignación que los 32 respiradores donados a la ciudad de Rosario por la fundación del futbolista Lionel Messi estén varados en el aeropuerto Internacional Islas Malvinas desde hace diez meses.

La Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), en declaraciones al diario local La Capital, ha dicho que no autorizaron el ingreso porque “no se ha presentado la documentación necesaria. Entre los faltantes no se encontraban los registros del producto por parte de la autoridad sanitaria de origen”. En este caso, el problema parece ser más burocrático que de corrupción.

(cp)

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