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Internacional

Australia confina a cinco millones de personas por brote de COVID-19

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Esta es la cuarta vez que la ciudad de Melbourne entra en confinamiento desde el inicio de la pandemia, y en 2020 llegó a pasar cuatro meses bajo duras medidas de restricción.

 

Las autoridades australianas anunciaron este jueves (27.05.2021) el confinamiento de emergencia para más de cinco millones de personas en Melbourne, su segunda ciudad más poblada, y el resto del estado de Victoria, para contener un brote de COVID-19.

El jefe interino del Ejecutivo de Victoria, James Merlino, aclaró que la medida busca evitar una “tercera ola” de COVID-19 en este estado, con 6,6 millones de habitantes y que aglutina el 68 % del total de contagios y el 90 % de las muertes desde el inicio de la pandemia.

La orden de permanecer en casa regirá por al menos siete días, dijo a los habitantes del estado el primer ministro en ejercicio, James Merlino, cuando el foco infeccioso local se duplicó a 26 casos de un día para otro, una cifra insignificante comparada con la de otros países.

“En el último día hemos visto más evidencia de que enfrentamos una variante altamente infecciosa del virus, una variante preocupante que avanza más rápido de lo que hemos detectado”, dijo Merlino sobre la variante india del coronavirus.

El confinamiento busca trazar el origen de los casos nuevos, y la medida únicamente permite que los pobladores salgan de sus casos por motivos esenciales, incluso para recibir la vacuna anticovid.

En los últimos meses, Australia ha tenido pocas medidas de contención debido a que logró contener la propagación del coronavirus, pero críticos señalan que la lentitud en la aplicación de vacunas dejó a la población expuesta a nuevos brotes.

Australia, con 25 millones de habitantes, ha registrado unos 30.000 casos de COVID-19 y menos 1.000 muertes, en su mayoría en el estado de Victoria.

gs (afp, dpa)

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Internacional

FMI llama a los países más contaminadores a fijar un precio mínimo al carbono

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió el viernes un informe en el que urge a los principales contaminadores del mundo a adoptar un precio mínimo internacional del carbono, una medida que ofrece una “perspectiva realista” para combatir el cambio climático.

El organismo multilateral dijo que hoy existe un gran consenso en torno a que el precio del carbono es la herramienta política más importante para lograr los drásticos recortes de emisiones necesarios para limitar el calentamiento global a 2°C para 2050.

Pero en este momento, cuatro quintas partes de las emisiones siguen sin cotizarse y el precio promedio mundial del carbono es de solo 3 dólares por tonelada, muy por debajo del nivel necesario para incentivar la eficiencia energética y reconducir la innovación hacia tecnologías verdes.

El informe del FMI evaluó diferentes escenarios y da el ejemplo de un acuerdo entre seis participantes: Canadá, China, la Unión Europea, India, Reino Unido y Estados Unidos.

El precio fijado podría variar en función del grado de desarrollo del país: 75 dólares mínimo para los países ricos; 50 dólares para las economías emergentes de ingresos altos; y 25 dólares para las de ingresos bajos.

Este plan permitiría lograr una reducción del 23% de las emisiones para 2030.

El informe sugirió que el plan podría ser lanzado por el G20 antes de ampliarse a otros mercados.

Poner precio a la tonelada de carbono que se libera a la atmósfera es una forma de gravar las energías más contaminantes e incentivar así a consumidores y empresas a utilizar energías limpias.

El objetivo inicial sería cumplir con la meta del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de reducir las emisiones entre un cuarto y la mitad para fines de esta década.

“La acción simultánea entre los grandes emisores de subir la fijación de precios del carbono generaría una acción colectiva contra el cambio climático, al tiempo que abordaría de manera decisiva las preocupaciones sobre la competitividad”, dijo Victor Gaspar, director del departamento de asuntos fiscales del FMI, e Ian Parry, coautor del informe.

“No hay tiempo que perder en poner en marcha un arreglo de este tipo. Imaginémonos en 2030. Asegurémonos de que no miraremos entonces hacia atrás al 2021 y lamentaremos la oportunidad perdida de una acción eficaz”, agregaron.

El esquema parece una versión ampliada de una ley canadiense que requiere que las provincias y territorios implementen un precio mínimo del carbono, aumentando progresivamente de 10 dólares canadienses por tonelada en 2018 a 50 dólares canadienses en 2022 y 170 dólares canadienses en 2030.

Las jurisdicciones cumplen estos objetivos a través de impuestos o esquemas de comercio de derechos de emisión.

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