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Opinión

“Lo necesario de la inversión extranjera en Minería”

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Por Sergio Hernández, Director Ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. APRIMIN

 

Dentro los numerosos planteamientos desinformados y, por tanto, erróneos que se han planteado en el último tiempo por algunos parlamentarios, está la propuesta de eliminación de la invariabilidad tributaria para los inversionistas que provienen de países con los que Chile ha suscrito tratados de libre comercio y convenios para evitar la doble tributación. Afortunadamente, este planteamiento fue rechazado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque es contrario a la Constitución Política de la República, y está expresamente asegurada esta necesaria garantía en la Reforma Constitucional que aprobó el proceso constitucional en marcha, por lo que una nueva Constitución no podrá eliminar esta invariabilidad.

Sin embargo, subsisten riesgos sobre la inversión extranjera en minería, como lo son las tasas excesivamente desproporcionadas de royalty minero que esa Comisión de Hacienda y la de Minería han aprobado para su discusión en Sala de la Cámara de Diputados. Aplicar un royalty sobre las ventas, cualquiera sea el precio del cobre y su equivalente en otras pastas (aunque muchas compañías que tengan pérdidas deberían igualmente pagarlo) con una tasa de 3%, subiendo progresivamente según aumenten los precios hasta un 75%, nos deja muy lejos fuera de toda competencia con otros países de destino de inversiones mineras, deteniendo el progreso de Chile no solo en minería, sino con efectos fatales para todo el encadenamiento productivo que deja esta actividad primaria y también con serios efectos en el resto de la economía del país.  Como ejemplo, con el actual precio del cobre promedio anual de casi US$ 4 la libra, la tasa efectiva del royalty sobre las ventas es de un 22,75%. A esta carga, hay que sumarle el impuesto a la renta, más el impuesto específico a la actividad minera, IEAM (que curiosamente no se plantea derogar, con lo cual, al aprobarse el royalty, el IEAM sería discriminatorio e inconstitucional), todo lo cual completa una carga tributaria que hará casi imposible toda inversión en minería en el futuro, sea extranjera o nacional. Esa acumulación de carga haría que, para las pocas empresas que registren utilidades, la tributación podría superar el 80% de sus eventuales utilidades. Si ya estamos en el lugar 30 en el ranking de atractivo de inversión en minería, bajando fuertemente del sexto lugar que ocupamos hace unos años, esta carga tributaria acumulada nos deja comparativamente en los últimos lugares de este ranking mundial.

Los proyectos de la minería de mediana y gran escala demoran muchos años (puede ser entre 3 y 10 años) para su puesta en producción, periodo durante el cual son necesarias inversiones de miles de millones de dólares, que esperan un retorno después de mucho tiempo, por lo que necesitan un régimen con una carga tributaria razonable y estable; de lo contrario, esas inversiones se desvían a otros países que les ofrezcan un régimen con mayor certeza jurídica y menores cargas tributarias.

¿Por qué es necesaria la inversión extranjera en minería? Porque el país no posee, ni desde lo público, ni desde lo privado (de éste sólo excepcionalmente), esos enormes capitales para invertir en minería. Un solo ejemplo ilustra lo anterior: al Fisco le ha costado muchas dificultades en destinar totalmente los US$ 4 mil millones que se aprobaron el año 2016 para capitalizar CODELCO para sus proyectos estructurales.  La razón es obvia: el Fisco debe privilegiar sus gastos en los programas sociales y en el financiamiento de la estructura del Estado. O alguien puede creer que, para proyectos mineros nuevos o ampliaciones de los actuales, el Estado chileno puede estar dispuesto a invertir decenas de millones de dólares, con retornos que recién pueden comenzar después de 4, 5 o más años, recuperando la inversión después de unos 10 o más años, postergando actuales necesidades de la población, ¿especialmente hoy que la Agenda Social y las ayudas por la pandemia los reclama? Tampoco capitales privados chilenos son suficientes para desarrollar este sector. Por lo tanto, la inversión extranjera es imprescindible hoy en minería, así como en el sector energético, con su amplia posibilidad de inversiones en Chile en el gran futuro que nos promete la producción de hidrógeno verde y su enorme potencial exportador, para permitirnos un mundo más limpio.

Hoy, el mundo es global, no por las decisiones de políticas públicas, sino como un dato de la realidad provocado por las comunicaciones y el desarrollo tecnológico, así como por el mutuamente necesario comercio mundial. El mundo está hoy en cada metro cuadrado de nuestro territorio, esto es irreversible y los países que se niegan a esa realidad están condenados a frustrar su desarrollo humano integral. Más aún un país como Chile, que con solo 18 millones de habitantes depende de su apertura al mundo, como bien lo ha hecho en los últimos 30 años, para el progreso de muchos de sus sectores exportadores, como la agroindustria, la fruticultura, los productos del mar, la celulosa, la minería, cada vez más las exportaciones de conocimiento y, en el futuro, las exportaciones de energías verdes y de sus insumos. Un país sin o con baja inversión extranjera, arriesga su potencial exportador y el gran desarrollo que ha alcanzado la industria proveedora de la minería, con alta empleabilidad regional y local.

Por tanto, es claro que la minería y la energía chilenas necesitan inversión extranjera, pero no solo por mayores capitales, muchas veces de riesgo, sino por la incorporación de nuevas tecnologías, por el acceso a los mercados, por las técnicas de producción limpia, entre muchas otras razones. De esta manera, es el desarrollo de Chile el que necesita darle reglas estables a estos sectores, para una mayor generación de recursos al Fisco y el bienestar social, para entregar más y mejores empleos y posibilitar de esa manera nuestro mejor desarrollo humano.

 

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¿Cómo ha impactado el Covid el mundo de la salud y seguridad en el trabajo?

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La COVID19 nos ha afectado profundamente, en especial a trabajadores de las áreas social y de la salud, debido a la amenaza de enfermar, al estrés y verse sometidos a actos de violencia, entre otros.

Asimismo, las estrategias para combatir la pandemia han generado nuevos riesgos asociados al confinamiento, restricción de movilidad, pérdida y/o precarización de empleos, cierre de empresas, teletrabajo, alteraciones de las cadenas internacionales de suministro, entre muchos otros, que impactan en la calidad de vida y el bienestar de trabajadores y trabajadoras.

Los impactos principales se evidencian en los ámbitos psicosocial, ergonómico, químico y en muchos más que aún nos resta por identificar. Se suma a esto que puede existir demora en el tratamiento de otras patologías preexistentes, debido a la sobrecarga del sistema de salud.

Quienes ejercen labores formales e informales han sido especialmente vulnerables en esta etapa, ya que carecen de protección suficiente y oportuna. Los efectos secundarios de la crisis han incidido, a su vez, en la precarización de las condiciones de trabajo, los salarios y la viabilidad de las empresas, por lo que la recuperación del empleo y de los factores que protejan la salud requieren de políticas robustas e integrales.

Si bien desde el inicio de la pandemia el gobierno, el sector privado y las familias han reaccionado a la crisis sanitaria a través de medidas de prevención, tratando de salvaguardar la salud y el empleo. Sin embargo, no ha sido suficiente porque las consecuencias de todo lo vivido, aún no logramos dimensionarlo en su totalidad digno, pero el impacto en la salud y seguridad de los trabajadores y por su intermedio a sus familias, aún no logramos dimensionarlas en su totalidad. Es momento entonces de asumir un liderazgo que permita implementar y fortalecer sistemas de gestión en salud y seguridad en los espacios laborales, capaces de adaptarse a las condiciones extremas en lo sanitario, social, político y económico.

La crisis ha puesto de relieve la necesidad de una legislación en estas materias, que se adapte a lo imprevisto y facilite dar respuestas rápidas y adecuadas, para enfrentar los nuevos riesgos emergentes. En ese aspecto, tampoco nos podemos olvidar de la importancia del cumplimiento de la normativa y de extremar los mecanismos de inspección para aprender a vivir y superar las dificultades que puedan venir.

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