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Opinión

¿Más impuestos?

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Por Luis E. Ulloa Rosas (Abogado Tributario)

 

La idea de un impuesto a los súper ricos parece una buena forma de obtener más recursos para financiar el gasto público, sobre todo en tiempos de grave deterioro de la actividad de pequeños y medianos empresarios, la mayor fuente de empleo del país.

Sin embargo, no es esa motivación lo que podría cuestionarse, sino la vía elegida y el real destino de lo que se logre recaudar.

Si la Constitución dispone que la creación de impuestos sólo puede tener origen en la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, hacer caso omiso de esas normas por parte de los propios creadores de la ley, es muestra de la fragilidad del ordenamiento jurídico y del desprecio por la institucionalidad vigente.

Más grave todavía es el aliciente que esa acción representa para otros órganos y servicios del Estado, para dejar de respetar la ley y, de paso, terminar vulnerando los derechos ciudadanos. El mensaje pareciera ser que “el fin justifica los medios”.

Tampoco hay seguridad del correcto uso de la recaudación. Los fraudes públicos, la desatención histórica de la educación y del sistema público de salud, y el pago de cuantiosas remuneraciones sin que los más necesitados reciban a cambio un servicio de excelencia, sí, “de excelencia”, son muestras del mal uso de los impuestos que pagan los ciudadanos. Las evidencias sobran: pensiones privilegiadas pagadas con fondos del Estado, obtenidas gracias a designaciones políticas en cargos públicos; nombramientos en funciones que requieren de una alta experticia, en pago de favores políticos; pagos de remuneraciones a representantes populares que terminan siendo operadores políticos de reducidos grupos de interés, y un largo etcétera. Y todo ello con cargo a nuestros impuestos.

Si los impuestos que pagamos son la mayor fuente de ingresos del Estado, se hace más exigible entonces un mejor servicio público y una efectiva probidad funcionaria. Hoy, más que nunca.

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Opinión

¿Cómo ha impactado el Covid el mundo de la salud y seguridad en el trabajo?

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La COVID19 nos ha afectado profundamente, en especial a trabajadores de las áreas social y de la salud, debido a la amenaza de enfermar, al estrés y verse sometidos a actos de violencia, entre otros.

Asimismo, las estrategias para combatir la pandemia han generado nuevos riesgos asociados al confinamiento, restricción de movilidad, pérdida y/o precarización de empleos, cierre de empresas, teletrabajo, alteraciones de las cadenas internacionales de suministro, entre muchos otros, que impactan en la calidad de vida y el bienestar de trabajadores y trabajadoras.

Los impactos principales se evidencian en los ámbitos psicosocial, ergonómico, químico y en muchos más que aún nos resta por identificar. Se suma a esto que puede existir demora en el tratamiento de otras patologías preexistentes, debido a la sobrecarga del sistema de salud.

Quienes ejercen labores formales e informales han sido especialmente vulnerables en esta etapa, ya que carecen de protección suficiente y oportuna. Los efectos secundarios de la crisis han incidido, a su vez, en la precarización de las condiciones de trabajo, los salarios y la viabilidad de las empresas, por lo que la recuperación del empleo y de los factores que protejan la salud requieren de políticas robustas e integrales.

Si bien desde el inicio de la pandemia el gobierno, el sector privado y las familias han reaccionado a la crisis sanitaria a través de medidas de prevención, tratando de salvaguardar la salud y el empleo. Sin embargo, no ha sido suficiente porque las consecuencias de todo lo vivido, aún no logramos dimensionarlo en su totalidad digno, pero el impacto en la salud y seguridad de los trabajadores y por su intermedio a sus familias, aún no logramos dimensionarlas en su totalidad. Es momento entonces de asumir un liderazgo que permita implementar y fortalecer sistemas de gestión en salud y seguridad en los espacios laborales, capaces de adaptarse a las condiciones extremas en lo sanitario, social, político y económico.

La crisis ha puesto de relieve la necesidad de una legislación en estas materias, que se adapte a lo imprevisto y facilite dar respuestas rápidas y adecuadas, para enfrentar los nuevos riesgos emergentes. En ese aspecto, tampoco nos podemos olvidar de la importancia del cumplimiento de la normativa y de extremar los mecanismos de inspección para aprender a vivir y superar las dificultades que puedan venir.

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Opinión

“La educación como se concibe hoy ¿respetará los nuevos neuroderechos?”

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Opinión

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