Nueva constitución

La importancia de los derechos humanos en el país también fue otro punto en el estudio. En este contexto, un 50% de los encuestados considera importantes a estos previo al estallido social, cifra que aumenta al plantear la pregunta post 18 de octubre de 2019 (65%). O sea, la valoración de la sociedad aumentó. Con una nueva constitución, el 75% de los encuestados le asigna un valor importante a los derechos humanos.

El capítulo “Derechos Humanos y Educación” revela que el 81% de los integrantes de este estudio está de acuerdo en que hoy las personas están más informadas de sus derechos que hace 10 años; un 56% está de acuerdo con que los derechos son poco respetados porque no se conocen; y un 49% va en la línea de que la información y educación de los derechos humanos que está disponible es deficiente.

Defensoría Penal Pública

El Defensor nacional (s) Marco Montero Cid (48) ingresó a la Defensoría Penal Pública en 2002. Lleva 19 años de carrera en la institución, donde ha ocupado el cargo de defensor en Arica, Antofagasta, Santiago, Los Ríos y Tarapacá. Desde finales de 2020 dirige la DPP como subrogante, en esa calidad ordenó la elaboración del sondeo de opinión.

Un 68% de las personas declara no conocer cuáles son los derechos que lo amparan en caso de ser detenido, ¿por qué cree que existe este nivel de desconocimiento?

– Creo que la base de esto tiene que ver con formación, educación y difusión, que podrían ser variables para explicar este resultado. (…) Los derechos humanos en general todos tendemos a, de alguna forma, relacionarlos con otro tipo de resguardos como, por ejemplo, pueden ser el derecho a la vida, salud, educación, cierto, el derecho a la libertad, pero cuando tú tratas de indagar acerca de cuál es el conocimiento que tienes ahora de los derechos humanos en el contexto de un proceso penal, ves que ahí se genera una brecha.

Hay una diferencia de conocimientos en torno al nivel socioeconómico. ¿Cuál es su explicación para esto?

– Diría que deja en evidencia nuevamente que la educación está muy vinculada al nivel socioeconómico y es determinante para poder acceder a una información mucho más completa y acabada acerca de los derechos y las garantías que te asisten en el proceso penal.

Montero sostiene que este déficit de conocimiento es un “tremendo desafío de cómo nosotros como institución, por un lado, como DPP, pero también como el sistema judicial en su conjunto, esto con una mirada mucho más global y sistémica, nos hacemos cargo de la necesidad de reforzar justamente ámbitos vinculados a la difusión y la educación de la ciudadanía en derechos humanos que le asisten en el marco de un proceso penal”.

¿Qué pasa en el ámbito penal?

– (…) Cuando entras al ámbito del proceso penal, al preguntarle a la persona el derecho a que se le presuma de inocente, el debido proceso, el derecho a ser indemnizado en caso de error judicial, eso como tal que también es un derecho humano, porque está además reconocido en diversos instrumentos internacionales, (…) no tienen el mismo nivel de conocimiento y percepción que se tiene respecto de los otros por parte de la ciudadanía, y eso lo vinculo necesariamente a la educación y difusión. Ese es el desafío que tenemos por delante, por eso es que es tan importante los resultados de este estudio porque te revelan que existe una necesidad de mayor acceso a información, formación, educación, y en la que nosotros como institución, pero el resto también de los actores del sistema penal debiéramos estar preocupados por entregar o responder a esa necesidad, pensando en que si las personas conocen mejor de sus derechos, son personas que por lo tanto adquieren mayor (…) confianza en las decisiones que se adoptan por parte de sus autoridades.

En la misma encuesta se hace alusión a que a las minorías sexuales y étnicas se les respeta menos los derechos humanos, ¿por qué cree que la opinión apunta eso?

– Creo que ha habido situaciones o casos en los cuales, lamentablemente, ha quedado expuesta situaciones lamentables de afectación de derechos fundamentales de estos grupos, de grupos vulnerables que requieren de una mayor asistencia y apoyo de todos los sectores de la sociedad. (…) Entonces, yo diría que aquí se trata de personas que se encuentran ante una situación de mayor desamparo o de mayor desprotección y que por lo tanto demandan de nuestra parte, no solo de la Defensoría, sino que de todos los intervinientes del sistema penal.

Antes del estallido social, el 50% de los encuestados califican importantes los derechos humanos. Eso subió un 15% post 18 de octubre, ¿a qué atribuye esta alza?

-Yo creo que eso tiene que ver mucho con la amplitud, primero, y luego a la relevancia que se le da a los derechos humanos en un contexto país en donde ya no solo se circunscriben a situaciones particulares, por ejemplo, que fueron muy terribles, dolorosas, como fue la violación sistemática de derechos humanos durante la dictadura militar, sino que a partir de lo que ocurre con el estallido social aparece o queda en evidencia otro tipo de demandas sociales.

¿No asocia esta alza a los casos que se han denunciado de violación a los derechos humanos y que han constatado informes de organismos internacionales?

-Sí, podría estar. Lo que ocurre es que tenemos que tener presente que la pregunta que se hace en este caso es: “¿Qué importancia tiene los derechos humanos en Chile?”. Es una pregunta mucho más abierta, no es: “¿Qué importancia le da usted a los derechos humanos con ocasión del estallido social y las situación de afectación de los derechos fundamentales o de libertades personales en el contexto de las movilizaciones sociales?”. Esto no se está preguntando.

Pero dice después del estallido social, y estallido social entiéndase como post octubre de 2019… puede tener bastantes interpretaciones para los entrevistados.

-Totalmente de acuerdo, yo creo que sí, que efectivamente los lamentables hechos ocurridos con ocasión del estallido social donde hubieron muchas personas que fueron afectadas por aquello. Entonces, también releva, creo yo, la preocupación, por un lado, y por otro lado la necesidad de una mayor protección y vigencia de estos derechos que nos asisten a todos como personas. Yo creo que obviamente el que hayan existido organismos internacionales que hayan constatado situaciones de vulneraciones y de afectación de derechos humanos que fueron además conocidas por todos y todas, no es algo que estemos solamente nosotros extrayendo de este estudio.

Yo creo que también puede explicar, cierto, este aumento que se da significativo en la importancia, porque esa es la pregunta, no es el nivel de conocimiento que usted tiene de los derechos humanos, sino que lo que estamos preguntando es: ¿Qué importancia le da usted a los derechos humanos?, y tal vez, justamente, sea con ocasión del estallido social, y a propósito de lo que estás mencionando, que las personas releven o consideren mayormente importante el respeto de sus derechos o la vigencia de sus derechos con ocasión de lo que ocurrió en el estallido social.

¿Usted cree que post 18 de octubre de 2019, ocurrieron afectaciones a los derechos fundamentales en nuestro país?

– Hoy día hay situaciones de denuncias por violaciones a los derechos humanos que derivaron en causas penales que están siendo materia de investigación y de las cuales aún estamos a la espera de que los tribunales se pronuncien. Esa es una primera cuestión. Segunda, es que creo que evidentemente hubo situaciones en las cuales no se llegó a judicializar, es decir, no hubo una imputación a una persona determinada, sino que hubo un número bastante, yo diría, elevado de personas que fueron detenidas en procedimientos policiales, personas que luego de ser detenidas fueron llevadas a unidades policiales y que en esas unidades policiales esas personas luego de estar un tiempo ahí fueron puestas en libertad y esos casos jamás llegaron luego a tribunales.

Por lo tanto, ahí hay un espacio, una brecha que se da de falta de conocimiento de qué ocurrió en cada una de esas situaciones, porque como no fueron judicializados esos casos, no hubo un control por parte del tribunal de la detención, menos la intervención de un defensor penal público que hubiera podido estar velando por brindarle a esa persona la adecuada asesoría y representación legal correspondiente.

Cifras de la fiscalía dan cuenta que 3.050 causas por violación a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social cerradas, ¿cuál es su reflexión al respecto?

– No podría emitir un juicio sobre aquello, porque no sería ni responsable puesto que desconozco las razones que motivaron a que en esos casos que se investigaron, cuáles fueron los motivos por los que el fiscal o los fiscales tomaron esa decisión de no continuar adelante con esas investigaciones. (…) Ahora, también hay que hacer presente algo, que nosotros como Defensoría Penal Pública tampoco intervenimos en esos casos como actores persecutores, porque obviamente nuestro rol o nuestra misión no es esa, nuestra misión institucional es brindar defensa penal, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es simplemente en los casos en que, por ejemplo, con ocasión del estallido social, tuvimos que asumir defensa y en el contexto de esas defensas tomamos conocimiento de situaciones que pudieran ser constitutivas eventualmente de delito lo que nos corresponde, como funcionarios públicos, es poner ese antecedente en conocimiento del Ministerio Público para que sea el órgano a cargo de la persecución, el que decida, en el fondo, para que inicie una investigación y decida lo que resuelva en base a lo que se investigue en el caso.

Los resultados de la encuesta ¿lo dejan preocupado?

– Lo primero que uno podría decir es que los resultado de un estudio de estas características nos dejan dos grandes lecciones: por un lado que ha habido un avance significativo, de lo cual estamos muy orgullosos, del nivel de conocimiento que las personas tienen del rol y de nuestra misión institucional.

El segundo, dice el defensor nacional, es que los resultados de la encuesta “nos abre una puerta para poder seguir avanzando en políticas, planes, programas, actividades que se orienten a entregar a las personas una mayor formación, educación acerca de sus derechos, de estos derechos humanos en el contexto penal”.