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“Desafíos para la labor docente durante la pandemia” Por Roni Pérez Pizarro, (Director Regional Académico, UCEN Coquimbo)

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El virus del COVID 19 generó una crisis sanitaria que afectó a la educación en todos sus niveles, ocasionando a los centros de enseñanza un escenario sin precedentes, con un inicio de año lectivo marcado por la implementación de medidas que permitieran desarrollar los distintos procesos de la mejor forma posible.

Debido a la imposibilidad de realizar acciones presenciales, las instituciones de educación superior se han visto en la obligación de impartir sus programas de formación a través de herramientas virtuales, situación que involucra a más de un millón de estudiantes en Chile.

En este contexto, el rol docente ha sido fundamental, siendo necesaria la adaptación al uso de herramientas tecnológicas, aplicar nuevas metodologías de enseñanza, ajustar la planificación según la contingencia, preparar actividades innovadoras y creativas, modificar las estrategias de evaluación, entre otros desafíos que en este entorno virtual hacen que el proceso de enseñanza aprendizaje conlleve una mayor complejidad.

Hoy cobra relevancia la facilitación de experiencias que estimulen la autonomía y el desarrollo de habilidades de autorregulación en los/as estudiantes, lo que requiere más esfuerzo para lograr que exista motivación por aprender, objetivo que en muchos casos está interferido por la falta de un ambiente propicio para el aprendizaje, en que la interacción que ocurre en esta modalidad se extiende a las casas. Empatizar con los/as estudiantes, saber cómo se encuentran de salud, preocuparse por los aspectos sociales, afectivos y materiales, también debe estar presente en la relación pedagógica.

La flexibilidad y compromiso de los/as docentes ha sido vital para enfrentar las dificultades existentes durante la pandemia. Las buenas prácticas pedagógicas desarrolladas en este periodo se deberían mantener al volver a la presencialidad, siendo esta experiencia una valiosa oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza y estar mejor preparados para los desafíos del futuro.

 

 

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“Juicio Orales Semipresenciales: Un desafío en espera” Por Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero

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Sin duda alguna el flagelo sanitario Covid 19 ha trastornado profundamente el quehacer cotidiano de personas e instituciones de un modo inimaginable hace ya siete meses, obligando a implementar diversas formas de desempeño y funcionamiento para así satisfacer la incesante necesidad por bienes y servicios que demanda la vida social.

Es el caso del sistema de justicia penal, ámbito que, a propósito de normalizar su indispensable continuidad funcional, ha debido instaurar variadas formas de actividad de manera de compatibilizar el debido resguardo sanitario de sus operadores con el respeto a derechos y garantías constitucionales de víctimas e imputados, a fin de dar solución, en un lapso razonable al conflicto social causado por la comisión de delitos. En dicho contexto, y en una primera etapa se ha adoptado satisfactoriamente, en general, la realización mediante video conferencia de audiencias preliminares ante los Juzgados de Garantía tales como: audiencias de control de detención y formalización de la investigación, sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, distinto es el caso de los Juicios Orales propiamente tales –postergados debido a la pandemia- referidos a delitos más complejos que, por exigir una actividad presencial de jueces e intervinientes exceden las posibilidades que otorga una video conferencia, pues en dicha instancia deben exhibirse, rendirse o impugnarse medios probatorios decisivos para una resolución de condena o absolución.

La Fiscalía Regional de Atacama, desde el inicio de la pandemia ha mostrado total disposición a contribuir activamente a la continuidad del servicio judicial y, en particular, a la reanudación gradual de las audiencias judiciales presenciales o, a lo menos, semipresenciales.

El Ministerio Público tiene la convicción, considerando el interés de quienes quieren acceder al proceso de resolución penal de sus denuncias, que existe una necesidad de desarrollar audiencias de juicio oral, pero también comprende que para ello deben existir las condiciones sanitarias requeridas, tales como uso de mascarillas, láminas transparentes de separación entre operadores e intervinientes y sanitización reiterada de espacios, etc). Protecciones destinadas a que todos quienes intervienen en el desarrollo de un juicio oral,  puedan participar en las audiencias e interactuar en ellas, ya sea presencialmente o mediante la modalidad del sistema de video conferencia.

Conforme lo expresado, la voluntad y compromiso de fiscales y funcionarios del Ministerio Público existe, por lo que en la medida que el reinicio de las audiencias se concrete, la Fiscalía retomará ante estrados el rol persecutor de delitos que le asigna la Ley y la Constitución Política de la República.

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“A pasos de la portabilidad financiera, algunas recomendaciones prácticas” Por César Eugenio Vargas. (abogado académico UCEN)

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El próximo 8 de septiembre del 2020  se dará inicio a la denominada “portabilidad financiera”, una figura creada por la ley 21.236 la cual se encuentra publicada en el Diario Oficial. Esta nueva ley, pretende mejorar la experiencia financiera de manera tal de facilitar la portabilidad de los productos financieros que tenga una persona con una determinada institución.

La portabilidad, sin lugar a dudas, llega en un momento económico crítico dentro del escenario mundial a propósito de COVID-19, sin embargo y aunque muchos no lo perciban de esta manera, la portabilidad financiera hoy más que nunca se presenta como una oportunidad para muchos consumidores que actualmente se encuentran ahogados con deudas sujetas a tasas de interés altísimas.

En efecto, una vez que esté disponible, es muy importante que el público se fije en tres elementos fundamentales para el posible refinanciamiento de deudas. El primero de ellos es la tasa de interés, la cual, para que sea beneficiosa, debe ser inferior a la que actualmente posea con su institución financiera. Tenga presente que una tasa de un 1.2 hacia abajo es aceptable, superior a ese dígito es cuestionable. En segundo lugar, hay que prevenir que los seguros asociados a la nueva refinanciación se ajusten a sus necesidades, toda vez que no es obligatorio que una persona contrate seguros asociados a nuevos créditos, salvo en el caso de los créditos hipotecarios en donde por ley, se debe asociar el seguro de desgravamen. En tercer lugar, es fundamental verificar el valor cuota y el plazo. Lo ideal es que el plazo de refinanciación sea en el menor tiempo posible, con el objeto de que la carga financiera pueda bajar en un tiempo prudente.

En conclusión, la portabilidad financiera es una válvula de escape para los consumidores financieros, pero también es una oportunidad para el mercado, para que exista una sana competencia.

Y como es tradicional, ¡al final del día todos somos consumidores!

 

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Covid 19 y los derechos de las personas con discapacidad – Sandra Leiva Becerra (Directora de Terapia Ocupacional UCEN Coquimbo)

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Durante los meses en confinamiento o distanciamiento social, se ha observado como el COVID-19 ha dejado ver las carencias sociales que tiene Chile como país. Ha obligado a los diversos ministerios a generar acciones, más o menos forzadas, que permitan apoyar a las personas no solo en su cobertura de salud física y mental, sino que también en su subsistencia diaria en cuanto a trabajo, ingresos, alimentos y otros.

Si bien la pandemia no ha generado discriminación en cuanto a la población, sí se ha observado que las personas con discapacidad se han visto mayormente afectadas, ya que presentan una condición preexistente de base o deficiencia física, psíquica, cognitiva, sensorial, que genera que sean más susceptibles a contraer el virus y una probabilidad mayor de presentar síntomas más severos. En el momento de mayor peak del contagio en nuestro país, tampoco son consideradas como prioridad al momento de optar a una hospitalización o uso de respirador, lo que claramente atenta contra un derecho humano fundamental que es el acceso a la Salud, por lo que el llamado de la Organización de las Naciones Unidas fue no considerar estos factores, sino que la gravedad de los síntomas.

La crisis sanitaria no solo ha mostrado manifestaciones de discriminación, sino también barreras que limitan el acceso a la atención. Por ejemplo, el personal de salud no está preparado para atender a estos usuarios, no maneja la lengua de señas, no informa su condición o diagnóstico, bajo la creencia errada de que no van a entender.

Estamos en un momento en que el proceso de enseñanza – aprendizaje se está realizando bajo un sistema virtual, lo que permite ver las dificultades de acceso de las personas con discapacidad, al no ser incluidas en este proceso con sistemas y herramientas que permitan su participación.

El desafío es grande, se debe asegurar la atención de salud y de medicamentos; trabajar en forma directa con estos pacientes y sus organizaciones para que sean ellos y ellas quienes puedan dar a conocer sus necesidades en las diferentes instancias de participación, capacitar adecuadamente a los funcionarios de la salud, identificar limitaciones en la atención y definitivamente eliminarlas.

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«Las legumbres ¡Aliados de nuestra Salud!» – Por Francis Alfaro Alcántara – Directora de Nutrición y Dietética. (U. Central)

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Las legumbres o leguminosas representan la principal fuente de proteínas vegetales en muchos países y parte fundamental de quienes siguen dietas vegetarianas/veganas, con una gran versatilidad culinaria que ha dado lugar al “renacer” de múltiples recetas tradicionales que en esta pandemia se ha instalado en las mesas de nuestro país.

Nutricionalmente, se reconoce su alto aporte en fibra soluble e insoluble, su buen contenido de proteínas, bajo aporte de lípidos y ricas en minerales como hierro, magnesio, potasio, fósforo, y vitaminas como el ácido fólico. Este alimento, aliado de los celiacos por no contener gluten, es fácil de guardar y puede durar mucho tiempo si se mantiene en lugares frescos y secos, considerándolo el alimento del futuro por su bajo costo económico y baja huella de carbono. No cabe duda de que la importación de más de 240 toneladas de legumbres para enfrentar la alta demanda causada por la pandemia traerá consecuencias beneficiosas para nuestra salud, reconociendo que en la última encuesta nacional de salud 2016-2017, sólo el 24,4% de la población daba cumplimiento a las guías alimentarias, declarando consumir al menos 2 veces a la semana algún tipo de legumbres.

Tal como lo indica la FAO, las legumbres tienen propiedades bioactivas, como los antioxidantes, que contribuyen a la prevención de enfermedades graves y cuyo efecto hormonal fitoestrógeno evita el deterioro cognitivo, reduce los síntomas menopáusicos; y favorece la buena salud a través  de la reducción del colesterol y azúcar en sangre, favorecer la disminución de la presión arterial y mejorar el control del peso corporal.

Sin lugar a dudas, esta pandemia nos ha permitido innovar en la cocina, retomando antiguas prácticas, como los “lunes de legumbres” o atreverse a probar un rico “hummus de garbanzos” como acompañamiento en nuestras onces de la tarde. Definitivamente, no tengamos miedo a incorporar las legumbres en nuestro menú todas las veces que sea necesario por nuestra salud y de las futuras generaciones.

 

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“Barreras de acceso: Libertad ambulatoria en peligro” Por Mariana Araos (Tutora Académica Derecho, UCEN Coquimbo)

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Nos encontramos en una situación inesperada para los gobiernos y ciudadanos, de la cual aprendemos a través de prueba y error y que nos ha obligado a adoptar medidas poco usuales en nuestra vida cotidiana. En este contexto, debemos cuestionarnos el alcance de las circunstancias en las cuales individuos de la sociedad civil adoptan decisiones que  suponen facultades que el ordenamiento jurídico no les ha conferido necesariamente Así, podemos ver como en distintas localidades del país, ciertos grupos (que no siempre representan a la totalidad de su comunidad) se arrogan facultades, instalando barreras  en los ingresos de sus sectores, impidiendo la libre circulación de las personas y vehículos,  bajo estrictos estándares de protección que ellos mismos imponen, aunque hay que reconocer que es con buena intención y frente a conductas irresponsables.

Sin embargo, lo que están restringiendo en esos casos es la libertad, específicamente la ambulatoria, que es la que nos permite poder desplazarnos libremente. Se trata de un derecho fundamental, consagrado en la Constitución y en Tratados Internacionales. Como tal, su restricción es excepcional y está regulada expresamente por el legislador. Por ejemplo, respecto de medidas que se dictan en Estado de Excepción Constitucional. Ello permite que autoridades especificas reduzcan ciertos derechos, dentro del marco legal establecido para ello. Toda situación fuera de la señalada habilita para que cualquier persona afectada pueda interponer una Acción de Amparo o Protección, cuando la autoridad o cualquier individuo amenace o perturbe sus derechos. Dicho esto, ¿quién fiscaliza estas barreras a las que nos referimos anteriormente? Es peligroso para un Estado de Derecho que aún en un período de emergencia sanitaria, dejemos de cuestionarnos este tipo de vulneraciones a derechos fundamentales, asumiendo erróneamente que solo el Estado puede ser un ente vulnerador. Recordemos que existe un orden legal creado para que podamos vivir en armonía, y que garantice que exista respeto por los derechos de todos los integrantes de la sociedad.

 

 

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“Diversificación y descentralización del conocimiento” Por Jaime Alonso Barrientos (Vicerrector Regional UCEN Coquimbo)

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Ya hablamos en este espacio de los desafíos para la generación de conocimiento a partir del fomento de la investigación local.  En el estudio “Cartografía del Conocimiento de Chile” (Cárdenas, Cabrera, Moguillansky, Olivares; datos y otros en columna), se muestra un grupo pequeño de disciplinas vinculadas, reconocidas como el “núcleo del conocimiento chileno”, principalmente conformadas por el área de Recursos Naturales, las cuales permitieron que entre el año 1994 y el 2014 la producción científica, medida en número de artículos indexados “WoS”, se incrementara pasando de 1.000 a más de 7.000 artículos.

Lo que en una primera mirada es un buen dato, al hacer un análisis acumulativo entre el año 2004 al 2014, indica que sólo el 10% de las disciplinas con mayor número de publicaciones concentraba casi la mitad del total de artículos publicados. Las Ciencias Naturales aportaban el 70%, con el sobresaliente rendimiento de Astronomía y Astrofísica, con 5.819, seguido de Medicina con 1.896 y Ecología con 1.766 publicaciones “WoS”. Las Ciencias Sociales aparecen en el lugar número 14, con Economía y sus 903 trabajos.

En la Región de Coquimbo, las diferencias esperadas se hacen evidentes, el conocimiento más que originar líneas diversificadas tiende a acumularse, principalmente por los mecanismos de difusión generalmente focalizados en audiencias específicas. Al ser una zona con gran actividad astronómica, que casi duplica sus publicaciones entre 2008 y 2014 (494 a 709), existe gran movilidad internacional de investigadores. En esta disciplina, el 45% de los artículos con afiliación regional son producidos por académicos extranjeros y sólo el 35% por talentos regionales.

Esta concentración espacial y la “fuga” de conocimiento impiden generar un vínculo virtuoso regional, el cual es absolutamente necesario. En él, el Estado requiere señalar los acoplamientos requeridos para generar el encuentro formal entre instituciones regionales e internacionales, que permita avanzar para posicionar a la región como territorio científico relevante, fundamentado en sistematización de redes.

Ahora bien, si a lo anterior agregamos que la Región Metropolitana cubre casi el 100% del total de las disciplinas WoS, se revela además que existe concentración y centralización del conocimiento, con un desarrollo país heterogéneo. Por ejemplo, en nuestra región esta cobertura alcanzaba una cifra algo superior al 60% en el 2014, en un número profundamente afectado por el “adyacente posible”, es decir, por la construcción sobre aquello ya escrito, y no con líneas que privilegien la diversificación y la descentralización.

Se requiere una estrategia pública de apoyo a la investigación, encaminada a mejorar la tasa de crecimiento de la cobertura temática nacional, que ahora alcanza a un 3%; y fomentar la inversión privada, que en países desarrollados llega al 70% del total.  Finalmente, quiero resaltar el rol de las Universidades que han profundizado su aporte en la región para la descentralización, diversificación y multidisciplinariedad, como un llamado a no continuar haciendo más de lo mismo, sino que apuntar a la creación de conocimiento local, de modo de lograr un flujo de investigación que sea capaz de comunicarse y traducir en forma efectiva los requerimientos para el desarrollo.

 

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«Es tiempo de discutir regulaciones para las encuestas de opinión pública» – Por Daniel Fredes García (Sociólogo, académico UCEN Región de Coquimbo)

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En Chile existen diferentes encuestas de opinión pública que periódicamente inundan los medios de comunicación. Pero, ¿qué tan rigurosas son?

Para que una encuesta se considere como técnicamente adecuada hay dos criterios: que su muestra sea capaz de representar a la población y que el cuestionario logre medir lo que se propone de forma válida. En las fichas técnicas de cada encuesta suele haber información para evaluar estos factores.

En Chile no existen regulaciones sobre estas consultas de opinión pública, por lo que las hay de todo tipo. En Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación Gremial de Investigadores de Opinión Pública ha establecido estándares para encuestar. Y en Perú es el propio Estado, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien lo hizo.

Revisemos un ejemplo. CADEM publicó el 13 de julio su encuesta N°339. Inmediatamente en prensa y redes sociales se diseminaron frases como “aprobación al gobierno retrocede en 10 puntos” o “aprobación a Piñera llega a su punto más bajo durante la pandemia”.

Sin embargo, en su ficha técnica se lee que la encuesta fue realizada telefónicamente y que para lograr 704 respuestas se hicieron 4,173 llamados. Esta es su principal debilidad, un severo problema de autoselección. Quienes respondieron son sistemáticamente distintos de quienes no lo hicieron y es imposible averiguar en qué. Por ende, con ella no es posible estimar el nivel de aprobación al gobierno, como mucho, describir las opiniones de 704 personas.

Considerando que estos mecanismos no sólo miden, sino que también producen opinión, el problema planteado por la falta de estándares no es sólo relevante para expertos. Es necesario avanzar en normativas respecto de su aplicación y también mejorar el modo en que se informan sus resultados.

Dado el escenario actual y el plebiscito de octubre, seremos expuestos a gran cantidad de encuestas, ¿Se conformará usted sólo con grandes titulares?

Por Daniel Fredes García (Sociólogo, académico UCEN Región de Coquimbo)

 

 

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