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Chile

Proyecto busca eliminar abusos en créditos bancarios

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La iniciativa, denominada «Deuda Maldita», propone un paquete de medidas que pretenden «nivelar la cancha en los procesos de financiamiento».

 

Un grupo transversal de diputados ingresó un proyecto de ley, denominado «Deuda Maldita», que busca terminar con una serie de cobros que califican de abusivos a deudores de créditos bancarios.

La iniciativa fue presentada ayer martes por Camila Rojas (Comunes), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Giorgio Jackson (Revolución Democrática), Alejandro Bernales (Partido Liberal), Raúl Soto (PPD), Maya Fernández (Partido Socialista) y los oficialistas Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton y Marcelo Mellado (Renovación Nacional).

Los parlamentarios argumentan en el documento que «este año, el Banco Central informó que el 75 por ciento del ingreso anual de los hogares en Chile corresponde a deuda. Y de acuerdo a datos de la Encuesta Financiera de Hogares 2017 del Banco Central, se estima que hay más de 3,2 millones de hogares con algún tipo de deuda, equivalente a un 66 por ciento del total de hogares en Chile».

«Según la misma encuesta, los hogares con deuda en Chile gastan en promedio un 25 por ciento de su ingreso mensual en intereses y amortizaciones originados de sus obligaciones financieras», agregan.

La iniciativa propone un paquete de medidas anti-abusos que pretenden «nivelar la cancha en los procesos de financiamiento a los que recurre la gente».

En específico, según explican los parlamentarios, el proyecto contiene cuatro grandes correcciones con respecto a créditos de todo tipo, como hipotecarios o de consumo:

Eliminación de la cobranza extrajudicial y prohibición de traslado de honorarios de abogados a item extrajudicial en materia crediticia. La propuesta señala que estos gastos, así como cualquier otro perjuicio, deban ser acreditados ante tribunales para ser «compensados», como es la regla general en materia civil. Actualmente todo ese peso cae en la o el deudor.

Establecer legalmente los «gastos operacionales» y poner reglas para su pago de forma equitativa: paga quién se beneficia del gasto.

-En materia de cobro de la deuda y de intereses abusivos, proponen una regla de compensación que corrige el sistema de amortización francés y hace proporcional el pago de intereses en caso de prepago y repactaciones. Además, establece como tope máximo para el cobro de intereses moratorios el interés corriente, se prohíbe su capitalización y se regula cláusula de aceleración.

-En cuanto a seguros, propone que los seguros ofrecidos deben estar vinculados al riesgo asegurado (no puede venderse cualquier seguro asociado a cualquier crédito). Por esta razón se propone una regla que permita distribuir equitativamente los riesgos asociados a una operación de crédito (prima se pagará en partes iguales entre banco o institución financiera y deudor). También que cuando los seguros son contratados mediante mandato el deudor pueda dejarlos sin efecto sin mayor procedimiento y finalmente prohibir la generación de incentivos económicos para que vendedores ofrezcan indebidamente la contratación de seguros asociados a productos crediticios. Este último ítem es uno de los reclamos más usuales de los consumidores.

«LA DEUDA MALDITA»

En este sentido, el diputado Jackson planteó que «las familias chilenas ya estaban bastante endeudadas antes de la crisis que estamos viviendo y esto solo empeorará si no detenemos las cláusulas abusivas de la banca con sus clientes. No podemos dejar esto para después en un país donde se gasta, en promedio, un cuarto del ingreso mensual en pagar deudas».

La diputada Rojas, por su parte, señaló que esta iniciativa «busca terminar con abusos en los créditos, que los sufren especialmente quienes tienen menores ingresos. Nos interesa particularmente cómo puede beneficiar a los cientos de miles de deudores educativos que están viviendo momentos delicados, como gran parte de la población, y que, sin embargo, no han recibido ninguna ayuda por parte del Gobierno para aliviar sus deudas por estudiar».

En tanto, a juicio del diputado Fuenzalida, el texto fue realizado en pos de «eliminar todos los costos ocultos que tiene el acceso al crédito hipotecario, de consumo u otros en Chile, y que va directamente en beneficio de los bancos e instituciones financieras como una utilidad sin que el cliente pueda negociar, solamente adherir. Por eso creemos que con este proyecto de ley vamos a contribuir en una transparencia con respecto al acceso al crédito, pero también que no tenga un costo mayor que como dije antes es utilidad para quienes otorgan estos préstamos».

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La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) está monitoreando la correcta aplicación del «término medio», proceso establecido en la normativa vigente y que faculta a las empresas sanitarias a promediar el consumo de los últimos seis meses de sus clientes, cuando no es posible la toma de lectura presencial.

Esta situación ocurre debido a las restricciones de la pandemia, ya que no se están registrando los consumos para la emisión de las boletas, consignó El Mercurio.

El superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, advirtió que las empresas «solo pueden cobrar por aquellos servicios efectivamente prestados».

«Por su parte, la SISS garantiza, a través de sus fiscalizaciones, que este principio básico no sea vulnerado, de manera de asegurar a la comunidad que, una vez que se retomen las lecturas efectivas, se cobre únicamente el consumo registrado», dijo el superintendente.

EI titular de la SISS planteó que se han recibido casos en que la lectura por «término medio» fue mayor que el consumo efectivo, por lo que el cobro de la boleta fue superior al que se hubiera hecho con lectura efectiva.

Ante distorsiones como esta, la autoridad señaló que los clientes tienen la opción de exigir devolución a la sanitaria una vez que se realice la lectura efectiva, o dejar ese saldo a favor para las siguientes boletas.

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